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DOCUMENTOS ORGANIZADOS GARANTIZAN EL ÉXITO DE LOS TURISTAS

CONSORCIO NACIONAL DE ABOGADOS entre sus especialidades se encuentra la extranjería e inmigración resultando el mejor aliado al empezar a organizar la salida de viaje fuera de nuestro país.

Abunda información sobre los requisitos de ingreso turístico a España. No obstante, abogado en extranjería e inmigración R y G resalta la importancia de tener a mano los siguientes requisitos: 

-Contar con un pasaporte con un vigor superior a los tres meses. Límite mínimo después de la salida planteada de la Unión Europea. 

 -Boleto de ida y vuelta desde su país de origen. Las aerolíneas no están autorizadas a comercializar pasajes sin su respectivo retorno.  Excepto en el caso en el que se posea la nacionalidad o residencia del país que se plantea visitar. Aquí es importante recomendar que la vuelta se adquiera en la tarifa más económica posible. 

-Contar con la carta de invitación de algún familiar o amigo residente en España. Ésta se deben solicitar en la Comisaría de Policía más cercana a su residencia. Para ello, se debe presentar algún documento que acredite el lugar en el cual se va a albergar al visitante. Igualmente, hay que resaltar que el costo en aranceles para emitirla supera los 70 euros.  La otra alternativa es realizar una reserva paga de hotel por el tiempo de permanencia. Páginas webs permiten organizar la estadía con el pago de la primera noche, esto ya se considera una reserva confirmada.  

 -Efectivo o tarjetas de crédito que garanticen el sustento por el tiempo de permanencia en el Reino de España. La cantidad mínima a demostrar es de 73,59 euros por persona por  día. Aunque se establece  con mínimo un monto de 661,50 euros. 

¿Realmente lo necesitaré?

Un gran número de abogados en extranjería resaltan que estos recaudos no siempre son solicitados al momento de sellar el pasaporte en la entrada en España. Sin embargo, es de suma importancia tenerlos en su totalidad para garantizar estancias no superiores a noventa días durante el semestre. Todo esto según  el  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.

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